Comentaba en un post anterior que Persona 5 es particularmente rico en frases y momentos memorables, y en el vídeo traigo el más destacado: la secuencia que acompaña al despertar de los vínculos sociales que establecemos en el juego. Esta secuencia presenta el motivo principal que recorre todo el juego: la necesidad de rebelarse contra las cadenas que amarran y perpetúan una situación injusta.
Esta es la motivación de los Ladrones Fantasma para actuar: ante situaciones que perciben como injustas, sienten que su obligación es ponerles remedio. Los culpables a los que se enfrentan para ello son, en general, “los adultos”. Aparte de la componente superficial de la rebeldía juvenil contra sus mayores, la pelea contra “los adultos” representa aquí la oposición contra la situación establecida. Así, nos encontramos en el juego con una serie de individuos que han empleado los resortes de la sociedad y de las normas para situarse en una situación de poder desde la que pueden aprovecharse de otros. Desde ella, los utilizan para satisfacer sus deseos: de reafirmación personal, de éxito profesional, de enriquecerse; y con ello desoyen aquel mandato moral kantiano que establece que las personas siempre han de ser tratadas como fines, y no únicamente como medios para alguna otra cosa. Lo que más enfurece a los Ladrones Fantasma es la impunidad con la que operan estos individuos, ya sea porque se aprovechan de los privilegios que la sociedad les otorga por su posición como maestros, agentes públicos o empresarios, o directamente porque a la sociedad parece resultarle indiferente que continúen con sus injusticias.
Con esto, se conecta con otro tema que es ya un lugar común de los videojuegos, los comics y, en general, la cultura popular: el tema del “justiciero”, que ejerce simultáneamente como legislador al establecer lo que es correcto y lo que no, como juez al valorar si los demás se comportan de acuerdo con estos principios que él mismo ha establecido, y como verdugo al actuar en consecuencia. He aquí una flagrante violación del principio básico de la separación de poderes, que bien justifica que en un principio Akechi no dude en calificar a los Ladrones Fantasma de criminales. Si bien en Persona 5 este tema aparece modulado de algunas formas interesantes. Para empezar, el justiciero no es un único individuo, ni un grupo con un líder moral que guíe al resto del grupo al estilo del Capitán América en los Vengadores, sino una asociación de iguales, a la que todos los miembros se han adherido voluntariamente, en la que todos tienen el derecho (y la obligación) de exponer sus opiniones, y que no actúa a menos que todos decidan unánimemente que es preciso actuar.
Esta forma de organizarse bien podría servir como ejemplo para introducirse en el pensamiento de algunos de esos autores contemporáneos cuyos conceptos resultan en ocasiones un tanto oscuros y difíciles de entender: Habermas y su situación ideal del habla, y Rawls y su teoría de lo justo frente a lo bueno. Define Habermas la situación ideal del habla como aquella en la que todos los hablantes pueden actuar en pie de igualdad, sin preponderancia moral, económica o de poder entre ellos, y así exponer sus ideas y valorarlas con independencia de su situación o intereses particulares. Tal diálogo entre iguales permitiría un juicio racional y desapasionado de las ideas expuestas, que para Rawls culminaría alcanzando a un consenso sobre las normas que sería más justo adoptar como sociedad, en el sentido de que esas normas proporcionarían las máximas posibilidades para permitir que todos sus miembros pudieran perseguir en igualdad de oportunidades sus deseos o sus motivaciones (sus ideas privadas de “lo bueno”). En el juego se plantea una contraposición interesante entre esta forma de actuar de los Ladrones Fantasma, que parece responder a un ideal de comunicación, participación, preocupación por el prójimo y, en definitiva, de democracia, frente a la falsa democracia de un conjunto de la sociedad inactiva e indiferente.
En efecto, bien podría decirse que los Ladrones Fantasma se guían de forma modélica por estas ideas de discusión racional entre iguales, que si fuesen adoptadas por toda la sociedad permitirían avanzar de forma suave y con el mínimo conflicto hacia ese ideal utópico de la justicia plena. Sin embargo, persiste el hecho de que los Ladrones Fantasma no son sino un pequeño grupo, inserto en la sociedad, y que cuando tras este procedimiento racional y democrático deciden actuar, lo hacen de forma violenta, siempre contra alguien externo a su grupo, y presumiblemente contra la voluntad del objetivo de su actuación.
Por otra parte, y como segunda modulación destacada del tema del “justiciero”, en el videojuego parece haberse querido suavizar esta componente de violencia y de ruptura con la sociedad limitando la función de los Ladrones Fantasma a la de provocar un “cambio de conciencia”, tras el cual es la propia víctima la que confiesa voluntariamente sus crímenes, y son las instituciones establecidas de la sociedad las responsables últimas de juzgar y castigar sus crímenes… lo que está muy bien, siempre y cuando se puedan calificar de “voluntarios” los actos producidos después de que alguien se meta en tu cabeza y destruya elementos fundamentales de tu psique, por muy negativos que sean. En todo caso, todo esto no deja de ser un ejercicio interesante de malabarismo en el que los guionistas parecen haber querido hacer un videojuego transgresor, pero no mucho, por si acaso…
Resulta así que, aunque el videojuego haya tratado de mitigarlo, el dilema del justiciero sigue estando (por supuesto) sin resolver. ¿Héroes o villanos? ¿Debemos aplaudirlos por su búsqueda de la justicia, o condenarlos por la forma en que pasan sobre el derecho y las leyes, como si no estuviesen hechas para ellos? Existen, por supuesto, muchas visiones (frecuentemente contrapuestas) sobre este asunto, pero yo quisiera centrarme en una: la propuesta de Muguerza con su “Imperativo de la Disidencia”.
Recuerda Muguerza que, por mucho que estemos insertos en una sociedad, el acto moral es siempre, y en esencia, individual e íntimo: cada una de las personas somos los únicos sujetos morales, ya que somos cada uno de nosotros, como individuos, los únicos capaces de realizar una acción moral. Y no sólo tenemos esa capacidad, sino que también tenemos la obligación de utilizarla. Como seres humanos, tenemos el imperativo de tener siempre presente la dimensión del juicio moral de las cosas, y cuando este juicio se oponga a la situación establecida, tenemos el imperativo de la disidencia contra esta situación. Muguerza explicaba esta obligación citando al filósofo del derecho Felipe González Vicén:
“(…) mientras que no hay un fundamento ético para la obediencia al Derecho, sí que hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia. Este fundamento está constituido por la conciencia ética individual.” [1]
Tenemos esta obligación incluso aunque parezca que seamos los únicos que mantenemos esta oposición, aunque todos los demás consideren la situación establecida como preferible a la que nosotros proponemos, puesto que:
“ (…) a nadie se le oculta que una decisión mayoritaria pudiera, en ciertos casos, ser injusta. Sería injusto, por ejemplo, que una mayoría decidiese oprimir y explotar a una minoría esclava, o condenar a personas inocentes, o atentar, en fin, contra la dignidad de un solo hombre, tratándole como un ‘medio’ o un instrumento más bien que como un ‘fin en sí mismo’.” [1]
Hacer otra cosa conllevaría renunciar a la humanidad, tanto a la de nuestros congéneres como a la nuestra propia. Es decir, todos tenemos la obligación de ser, en cierto modo, unos “justicieros”. Y sin embargo, que tengamos la obligación de formar y mantener nuestra propia convicción moral no implica que esta convicción nuestra sea siempre acertada; y que debamos también tratar de trasladar esta convicción personal al conjunto de la sociedad para así mejorarla y enriquecerla, tampoco implica que podamos hacer este traslado de cualquier modo y a cualquier precio.
Así pues, llegamos a otro tema interesante: el del delicado equilibrio y la estrecha frontera entre proporcionar un impulso que favorezca un progreso de la sociedad, frente a su imposición violenta, que Muguerza trata de equilibrar, con cierta dificultad que no deja de hacer patentes los límites borrosos que marcan lo que sería el límite legítimo de acción de su “disidente”:
“Desde la perspectiva ética del individualismo que he estado tratando de proponer no se desprende, pues no faltaba más, que un individuo pueda nunca imponer legítimamente a una comunidad la adopción de un acuerdo que requiera la decisión colectiva, sino sólo que el individuo se halla legitimado para desobedecer cualquier acuerdo o decisión colectiva que atente –según el dictado de su conciencia- contra la condición humana.” [1]
Frontera que como decía es borrosa, pues es en efecto difícil decidir hasta dónde puede llegar la desobediencia pacífica, o si tan siquiera puede existir algún tipo de desobediencia que no sea violenta, al menos en una modalidad, por así llamarla, “pasivo-agresiva”.
¿Cómo resolver pues esta dificultad? Si hemos de hacer caso a algunos autores como Ihering, la respuesta es sencilla: no es posible. Para Ihering, todo cambio en la sociedad, o al menos todo cambio que haya merecido la pena, se ha alcanzado a costa de una revolución o una acción violenta, y no a través de un consenso pacífico al estilo de Rawls en el que haya primado la discusión racional de los argumentos:
“Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha; esos principios de derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no los aceptaban, por lo que todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, supone que están el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlo. El derecho no es una idea lógica, sino una fuerza: he ahí por qué la justicia, que sostiene en una mano una balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerlo efectivo” [2]
Para Ihering, esta ruptura violenta es inevitable pues a cada cambio de los principios de la sociedad siempre sucede un periodo de acomodo en que partes de la sociedad (no necesariamente minoritarias) adquieren situaciones de privilegio que acaban considerando derechos adquiridos que son reacios a abandonar (al estilo de nuestros diversos antagonistas e Persona 5). Es además evidente que este tipo de cambio brusco necesariamente conlleva un precio:
“Todas esas grandes conquistas que en la historia del derecho pueden registrarse: la abolición de la esclavitud, de la servidumbre, la libre disposición de la propiedad territorial, la libertad de la industria, la libertad de conciencia, no han sido alcanzadas sino después de una lucha de las más vivas que con frecuencia han durado siglos y muchas veces han costado torrentes de sangre.” [2]
Viniendo esta sentencia de un tranquilo académico al que se podría calificar de cualquier cosa, menos de revolucionario aficionado a los cócteles Molotov, posiblemente convenga tenerla doblemente presente. Además nos advierte Ihering contra el acomodo que puede surgir de la fortuna de haber experimentado una generación sin conflicto, pues tal fortuna no significa en modo alguno que la necesidad de conflictos haya acabado. Pues tal circunstancia favorable puede provocar un estado de ánimo similar al del joven heredero que, habiendo recibido una cuantiosa herencia de sus padres, no es plenamente consciente de la relación entre la riqueza y el trabajo:
“Miles de hombres pasan su vida felizmente sin lucha, dentro de los límites fijados por el derecho, y si nos llegásemos a ellos hablándoles de lucha por el derecho, afirmando que el derecho es la lucha, no nos comprenderían, porque siempre fue para ellos el reinado de la paz y del orden. Desde el punto de vista de su personal experiencia, tienen perfecta razón; hacen como todos aquellos que tienen riquezas heredadas y que han recogido sin pena el fruto del trabajo de otros, que niegan esta proposición: la propiedad es el trabajo.” [2]
De una forma similar, nos advierte Aranguren que por mucho que sea un logro que hayamos recibido en herencia y que su longevidad haya abarcado ya, en algunos países, varias generaciones, la democracia no es en modo alguno una situación estática y establecida cuya pervivencia pueda darse por supuesta, sino una lucha constante con la que cada uno de los privilegios de la democracia y de los derechos humano deben renovarse cada día:
“(…) la democracia no es un status en el que pueda un pueblo instalarse cómodamente. Por el contrario, se trata de una conquista ético-política de cada día, que sólo puede mantenerse a través de una autocrítica siempre vigilante y constituye, en consecuencia, más una aspiración que una posesión. Es, como decía Kant de la moral en general, una tarea infinita en la que, si no se progresa, se retrocede, pues incluso lo ya ganado ha de reconquistarse cada día.” [3]
[1] Javier Muguerza, “La obediencia al Derecho y el imperativo de la disidencia”. Sistema 70 (1986) 27-40.
[2] Rudolf von Ihering, “La lucha por el Derecho” (1881), traducido al español por A. Posada con prólofo de L. Alas ‘Clarín’.
[3] José Luis Aranguren. “Ética y Política”, en “Obras Completas”, ed. De F. Blázquez, Madrid, Trotta, 1994-1997.